SUBPROYECTO 1: El Control y responsabilidad política en el estado constitucional con especial referencia al Parlamento en el contexto multinivel  (CORE) 

 Como señaló el profesor Rubio Llorente, el Parlamento es locus del control. Pero esta función no es garantizada y la importancia del Parlamento no radicaría sólo en lo que hiciera sino en lo que impediría hacer (Aragón, 1987). Desde el subproyecto 1 se pretende dar respuesta a las preguntas: ¿Qué mecanismos formales y recursos necesita el parlamento para ejercer su función de control ante los desafíos actuales? ¿Qué rol deben asumir los parlamentos en nuestra sociedad actual? La hipótesis de la que se parte es que los problemas para poder ejercer el control de manera eficaz se han multiplicado por lo que los medios e instrumentos a disposición de las instituciones parlamentarias deben incrementarse de forma considerablemente para ejercer el control del poder de manera eficaz.

 Para el análisis proponemos cuatro ámbitos de análisis diferenciados pero interrelacionados que tendrán que ser desarrollados a lo largo del proyecto:

  1. Se pretende analizar desde una perspectiva comparada el conjunto de técnicas y mecanismos existentes para supervisar la actividad del gobierno, (electoral, jurisdiccional, presupuesto, administrativos) los requisitos, p.e. información, especialización, y la capacidad para aplicar estos instrumentos, la evolución de estos mecanismos y la evolución del contexto del parlamento para detectar nuevas funciones de control.
  2. Se pretende centrar en el funcionamiento interno del conjunto de técnicas de control que realizan las Cortes Generales, y los recursos que tiene a su disposición para ejercer esta función de una manera eficaz.
  3. Se pretende analizar el funcionamiento interno de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas. Un Parlamento autonómico es una institución de extraordinaria potencia democrática. Sus características la convierten en particularmente idónea para la sociedad contemporánea.
  4. Se pretende examinar la posible incorporación de nuevos instrumentos e, incluso, de funciones, que permitan al Parlamento ejercer el rol destacado que tiene previsto en las democracias liberales. En general, se busca encontrar la manera de adaptar la relación y el funcionamiento de la institución parlamentaria a un modelo social muy diferente a aquél para el que fue diseñado el que hoy conocemos.
 

SUBPROYECTO 2: Instrumentos contramayoritarios en la Democracia constitucional  (IDECO)  Counter-majority Instruments in Constitutional Democracy (IDECO)   

Desde el subproyecto “Instrumentos contramayoritarios en la Democracia constitucional” se propone en primer lugar dar respuesta, desde la perspectiva del Derecho constitucional, a la pregunta fundamental: qué efectos tienen los “populismos” en el Estado constitucional y democrático, para desarrollar posteriormente propuestas sobre cómo debemos afrontar los retos que entraña, en términos de reformas normativas, constitucionales o no, en España. La hipótesis de la que se parte es que la democracia constitucional precisa de instrumentos políticos, institucionales y judiciales contramayoritarios efectivos para el control del poder. Los objetivos específicos del subproyecto que concretan los generales ya citados, son los siguientes:

  1. Estudiar mecanismos para reforzar la relación representativa y el control de la mayoría dentro del Parlamento y entre las Cámaras parlamentarias. Para ello se indagará, entre otros aspectos: a) sobre la creación y contenidos de un Estatuto de la oposición, distinguiendo su posición en el ejercicio de cada una de las funciones que desempeña el Parlamento; b) si, ante la discusión acerca de la reforma del Senado (que suele focalizarse en la representación territorial), es preciso mantener y cómo renovar los instrumentos de control sobre el Gobierno; c) valorar la conveniencia de introducir o no algún tipo de limitación de mandatos en los Jefes de los Ejecutivos de cada instancia de gobierno en contextos de formas de gobierno parlamentaria, como es el caso español, y la norma adecuada para ello. Hasta ahora cuatro Comunidades Autónomas han legislado sobre ello (Castilla La Mancha en 2003 y posteriormente Extremadura, Murcia y Castilla y León). En Italia lo han hecho algunas regiones y lo establece el Texto único del ordenamiento de los entes locales de 2000. Por último, merecerá una particular atención la discusión sobre el procedimiento parlamentario para la aprobación de una reforma constitucional que garantice una deliberación lo más amplia posible. De entrada parece poco satisfactoria la admisión por el Tribunal Constitucional en el Auto 9/2012 del procedimiento de urgencia y lectura única porque disminuye las posibilidades de discusión entre los grupos parlamentarios y con la sociedad.
  2. Analizar el papel que deberían tener los instrumentos de democracia semidirecta, y en particular el referéndum, en los distintos niveles de gobierno, como complemento o bien como contrapeso por parte del cuerpo electoral de las decisiones adoptadas por las instituciones representativas. Ante la posible introducción de nuevos posibles referendos: de revocación de cargos públicos (Welp, 2017) o en el contexto de cláusulas de secesión, se advierten los riesgos de utilización populista que entrañan y el desplazamiento que suponen del lugar idóneo para la censura al Gobierno o la negociación de la reforma constitucional: el Parlamento (así lo estima la Comisión de Venecia en su informe sobre la reforma constitucional de 2010).
  3. Estudiar qué funciones pueden desempeñar los órganos de control “horizontal” en el sistema institucional, y en particular del Defensor del pueblo, como instancia de control de las Administraciones pero también en la perspectiva de mejora en su relación con el Parlamento. Tres son las cuestiones a abordar en nuestro subproyecto, distintas pero complementarias: 1) la mejora de los instrumentos de control, de su operatividad y de sus procedimientos, tanto desde una perspectiva orgánica (modo de designación, estructura interna) como funcional (reglas de procedimiento, competencias, eficacia de sus resoluciones); 2) la reflexión y articulación de propuestas para acentuar su inserción en los procedimientos deliberativos y sobre todo dialogados y abiertos al exterior, desde una lógica constructiva y no solo controladora; 3) la recopilación de la doctrina de los órganos de control que pueda servir para mejorar la calidad democrática de las instituciones analizadas en los otros subproyectos.
  4. Plantearse cómo los jueces y, en particular, el Tribunal Constitucional, actúan como órganos contramayoritarios (Gargarella, 1996) y los presupuestos orgánicos y funcionales para que puedan hacerlo preservando su independencia y su vinculación al Estado de Derecho. En este contexto, tiene sentido volver a la discusión sobre la forma de designación y, a la duración del mandato en la designación de los magistrados constitucionales (Simón, 2013). Respecto a los Tribunales internacionales de derechos humanos y otros órganos internacionales de control o consultivos la cuestión se centra en la recepción de su doctrina por el ordenamiento interno y el impacto que puede producir sobre decisiones democráticamente adoptadas (por ejemplo a través del caso del control de convencionalidad en el contexto de la Corte Interamericana) y cómo institutos como el margen de apreciación nacional (para resguardar aspectos de la identidad constitucional de un Estado) pueden ofrecer una vía de conciliación adecuada.